En festivo, manifiestamente de tapadillo, el Gobierno de Mariano Rajoy asestó ayer el hachazo final a la ley de la dependencia. Porque así es como juzgan los expertos la decisión del Ejecutivo del PP de comprometer ante la Unión Europea un recorte en el 2013 en dependencia de 1.108 millones de euros, una cantidad superior a la que la Administración central tiene presupuestada este año (1.087 millones). El coste total anual de la aplicación de la ley en España asciende a unos 6.000 millones de euros, que pagan en su mayoría las comunidades autónomas. Un 10% proviene del copago, es decir, lo asumen los beneficiarios.
El Gobierno colgó ayer en su web el Plan Nacional de Reformas 2013, enviado el martes a la UE, en el que se anuncia, sin que se haya informado de ello por otro canal, el recorte de 1.108 millones, que se desglosa en dos apartados. A base de reformas restrictivas se recortan, según la argumentación oficial, 958 millones, y otros 150, por la vía de la «simplificación en el proceso de valoraciones», lo que traducido significa revisar grados para rebajar los pagos. Por esa misma vía dice esperar el Gobierno otro recorte en el 2014 por valor de 168 millones más.
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