La presencia de vigilantes privados en las cárceles españolas es ya un hecho. Ayer, 250 trabajadores se incorporaron a 21 centros, donde se encargarán de "labores secundarias", según fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que se trata de un proyecto piloto que durará nueve meses y que en ningún caso supondrá la sustitución de policías y guardias civiles, que ahora están encargados de la protección en las prisiones. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha cambiado, por tanto, de criterio, ya que el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, había anunciado el pasado verano que el plan permitiría reemplazar a 1.000 uniformados —en ningún caso funcionarios de Prisiones—, que pasarían a desempeñar funciones de seguridad ciudadana. Los sindicatos del sector, desconcertados, critican "el oscurantismo" con el que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha llevado el proceso y temen que este sea el primer paso para la privatización de la seguridad en las cárceles.
Jesús Otín, responsable de prisiones de UGT, está convencido de que Interior pretende impulsar un cambio en el modelo de seguridad de las cárceles, con la excusa de recolocar a los antiguos escoltas y de la creciente demanda colectiva de seguridad. "Dos mentiras", explica Otín. "Primero fueron la educación y la sanidad, y el tercer sector es este, que ha experimentado un auge en los últimos tiempos. ¿Quién nos dice que en un futuro no van a traspasar este modelo al interior de los centros?", reflexiona Adolfo Fernández, responsable del ramo del CSIF, algo que también temen los responsables de CC OO y de ACAIP —asociación que representa a funcionarios de prisiones—. Portavoces del SUP y de la AUGC, sindicatos mayoritarios de la policía y la Guardia Civil —cuerpos que se encargan de la seguridad exterior en las cárceles—, critican que la oferta de empleo público en los centros penitenciarios
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