Uno de los elementos fundamentales del actual periodo constitucional español, sin duda el más estable y fructífero de la historia constitucional española, ha sido el principio de autonomía. Permitió construir los nuevos entes políticos creados a finales de los setenta y principios de los ochenta, las Comunidades y se implantó, con bríos crecientes, en el ámbito local, el más cercano al ciudadano, convertido en vecino. El mundo local ha venido soportando, sin embargo, un debe absolutamente fundamental, origen y explicación de muchos problemas, la deficiente financiación a las entidades locales. Vamos camino ya de las cuatro décadas de vigencia de la Constitución y, en estos años, pocos se han atrevido a cuestionar seriamente el modelo de Estado que nos habíamos dado. La actitud crítica se consideraba involucionista. A lo sumo se proponían pequeñas correcciones, reconsideración de algunas competencias autonómicas, delimitación de las competencias locales, pero nunca una revisión profunda del modelo y del entramado institucional que lo soporta. Ese entramado institucional, según algunos, pesa hoy como una losa sobre las cuentas públicas y provoca ineficiencias, duplicidades, gasto superfluo.
La razón económica lo puede todo, parece justificarlo todo. Incluso aunque tal razón económica no se justifique económicamente en términos de endeudamiento o déficit, o desde la perspectiva del coste efectivo de los servicios, o considerando las utilidades que la subsistencia de núcleos de población produce territorialmente. Basta esgrimir el ya temido calificativo de “insostenible” para concluir que los municipios de escasa población deben desaparecer o, como mínimo, verse privados de sus competencias. No esperemos un Real Decreto-ley con una memoria económica mínimamente fundada. La reflexión falta también en este punto, a la hora de determinar el umbral de población necesario para que pueda subsistir el municipio, que se ha cifrado en cinco mil habitantes, veinte mil habitantes, veinticuatro mil habitantes.
¿Y hacia dónde caminamos? ¿Hacia la ocurrencia? ¿Hacia otra forma de diversidad y asimetría? ¿Hacia el equilibrismo político en función de los repartos de poder en cada territorio? ¿O seguiremos la senda de la imposición de soluciones que obvien los problemas de cada territorio? ¿Qué ocurrirá con los empleados públicos que sirven en los municipios? ¿Cómo asumirán otras administraciones las competencias municipales sin capacidad para incorporar personal? Todas las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva, asumida conforme autorizaba el artículo 148 de la Constitución, sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario