La Plataforma Estatal por la Escuela Pública apoya la HUELGA convocada en las universidades públicas para el próximo 24 de marzo. El Gobierno acaba de aprobar el RD 43/2015 modificando la ordenación de las enseñanzas universitarias con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso de “Bolonia” y sin una justificación creíble de sus propuestas. Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, provocará la expulsión de alumnado universitario con menos recursos económicos. La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014. Asimismo, en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
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