El 73% de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla han aprobado en sus respectivos plenos, con el voto contra de los representantes del Partido Popular, sumarse al recurso de inconstitucionalidad que se va a presentar contra la nueva ley por la que se deben regir, la llamada Ley de Racionalización y Sostenbilidad de la Administración Local, que ha aprobado el Ejecutivo del PP y entró en vigor el pasado 1 de enero.
Si se tienen en cuenta los municipios en los que gobierna el PSOE han sido el 92%, la práctica totalidad, salvo en los que su falta de mayoría absoluta le ha imposibilitado hacerlo, según destacó ayer el PSOE, que insistió en que con la reforma se "atenta" contra la "autonomía" local y la democracia e, incluso, contra los ciudadanos por la merma que sufrirá la administración más cercana, en palabras de la secretaria provincial, Verónica Pérez.
Con esa aprobación plenaria, los ayuntamientos se suman a una plataforma de municipios que se ha constituido para promover el recurso ante el Tribunal Constitucional y que necesitaba el apoyo de, al menos, 6.000 municipios de todo el país, una cifra que se va a superar sin problemas. El plazo para adherirse a la misma finalizó el pasado viernes, 7 de febrero.
El PP ha logrado algo difícil: aunar la voluntad de más de 2.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) contra una de las reformas estratégicas del Gobierno: la ley local que entró en vigor el 1 de enero. Ese es el número de plenos que a estas alturas ya se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad contra la ley que, según el Ejecutivo, recortará 8.000 millones. El recurso ataca que la reforma no respete “la configuración constitucional de la autonomía local, recogida en los artículos 137 y 140 de la ley fundamental”. “Crea dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados en convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios [...] Desapodera a los pequeños y establece controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación”.
La cifra de Ayuntamientos opositores seguirá creciendo en las próximas semanas hasta apurar el plazo (termina el 31 de marzo) de la impugnación. Sus promotores, PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD, aseguran que han superado con creces los requisitos legales, que exigían el acuerdo de 1.160 consistorios que representasen una sexta parte de la población española (7,8 millones). “Calculamos que al final rebasaremos los 3.000, con más de diez millones de ciudadanos”, asegura el diputado socialista Gaspar Zarrías,quien cree que la norma es un instrumento “pensado para dar entrada al sector privado en la gestión de los servicios públicos y poner todo el poder en manos de las diputaciones”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario