La obligación de identificarse en caso de infracción administrativa no es constitucional ni está justificada. Tampoco la identificación de personas por el mero hecho de ir embozadas. Ni la posibilidad de detener para prevenir una infracción administrativa a quien no entregue su DNI, asegura el borrador de informe del órgano constitucional
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate hoy un informe sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que supone un varapalo a varios puntos elaborados por el Gobierno al considerarlos contrarios a la Constitución y a las libertades y derechos que protege.
El informe, de 115 páginas, ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, de tendencia conservadora y progresista respectivamente.
El ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz ha adelantado que modificará el Anteproyecto para suprimir aquellos puntos que el CGPJ y el Consejo de Estado considere que chocan con la Constitución. Ambas instituciones deben emitir informes previos a los anteproyectos que elabora el Ejecutivo.
El documento que votarán hoy los vocales del CGPJ recomienda adecuar la reforma a los límites constitucionales que establece el concepto de seguridad ciudadana, ya que hay varios artículos incorrectos, vagos y alguno de dudosa constitucionalidad.
El informe considera "contrario a la Constitución" la posibilidad de que la policía monte controles en lugares públicos para identificar personas y, con ellos, detener a quien haya cometido una falta penal o una infracción administrativa.
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