Cinco comunidades y el PSOE llevan la reforma educativa al alto tribunal
La contestación a la séptima ley educativa de la democracia cambia de escenario: tras la calle, las aulas y el Parlamento, la batalla contra la ley Wert llega al terreno judicial. El Tribunal Constitucional va a recibir esta semana —el 10 de marzo acaba el plazo para impugnar la LOMCE, tres meses después de su publicación— los recursos de inconstitucionalidad de cinco autonomías —Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias— y del PSOE. Una catarata de recursos —aunque no es la primera vez que las leyes de Educación acaban en el Constitucional— que auguran una conflictividad judicial larga: varias comunidades han avanzado también su intención de llevar al alto tribunal no solo la ley, sino todos sus decretos de desarrollo.
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