MADRID.- "La democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en mayor medida, pueblo gobernante". Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos.
En el documento —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que será publicado próximamente por la Editorial Tirante Blanco—,
los profesores universitarios expertos en derechos humanos abogan por reformar la Constitución, el sistema electoral, las leyes de financiación de partidos y fomentar las iniciativas legislativas populares y los referéndums con el fin, dicen, de conseguir una "democracia real".
"El propio Consejo de Estado ha señalado 'que el sistema electoral presenta algunos aspectos que podrían ser susceptibles de mejora en aras de garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes'", cita el experto. Y cita, como ejemplo de mejora, el sistema electoral de los comicios al Parlamento Europeo, con una circunscripción única —y no 52—, "de manera que ningún voto se pierde para el recuento final". "Cada voto debe tener una influencia similar en la composición del órgano representativo", opina.
"La definición del pueblo del Estado no con arreglo al criterio de la nacionalidad, sino con el de la residencia favorecería la igualdad jurídica y el pluralismo participativo consustanciales a un sistema democrático", argumentan. Y piden un cambio "en el artículo 13 de la Constitución, que hoy impide el sufragio de los extranjeros en los comicios autonómicos y generales".
Del mismo modo, Presno considera "constitucionalmente posible y democráticamente conveniente reflexionar sobre una rebaja de la mayoría de edad electoral por debajo de los 18 años [...], como sucede en general con la capacidad para el ejercicio de otros derechos". Entre ellos, los de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión o de elección de representantes sindicales, así como el de contraer matrimonio y otorgar testamento, enumera el experto. En España, la edad penal comienza a los 14 años y se puede trabajar a partir de los 16, esgrime también para justificar su recomendación.
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