http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391715997_947698.html
La decisión judicial de no considerar delito el escrache celebrado en las puertas del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha levantado críticas en el PP, e incluso la descalificación de su entorno hacia una de los tres magistrados de la Audiencia provincial de Madrid que dictaron el fallo, atribuyéndole a ella sola la autoría y acusándola de juez socialista. Ese auto, además, únicamente confirma lo dictado anteriormente por otros juzgados sobre distintos escraches en la misma línea.
No es la primera vez —y, probablemente, no será la última— que la justicia no detecta ningún tipo de delito en las manifestaciones pacíficas convocadas frente a las viviendas de cargos públicos para mostrar disconformidad con sus decisiones políticas. De hecho, tan solo en algunos casos se ha tramitado, para alguno de los participantes y por hechos aislados, un expediente por una falta, pero no por un delito.
El argumento principal gira entorno al derecho de reunión, y todos los autos van en la misma dirección y apuntan, en muchos casos, a la doctrina del Constitucional que definió en la sentencia 85/1988 este derecho como el de “una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones
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