Por ello, desde el pasado mes de mayo UGT viene demandando al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que convoque la Mesa de Negociación para la devolución de la paga extraordinaria a los empleados públicos, en previsión del “aluvión de sentencias positivas” que se sucederán en los próximos meses.
Si finalmente el TC da la razon a los demandantes, las regiones tendrían luz verde para poder devolver la extra. Es el caso de Extremadura y Castilla y León, que anunciaron recientemente su reintegro. Una decisión que soliviantó al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quién avisó que hasta que el Constitucional no se pronunciara al respecto, la extra de diciembre de 2012 estaba suprimida por una norma que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de FSP-UGT, Mari Carmen Barrera, ha pedido al Gobierno que "sea garante de la ley y la Constitución ante los ciudadanos", por lo que le ha ofrecido negociar para "dar marcha atrás a la barbaridad" que supuso la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre.
Barrera no sólo ha pedido la devolución de la parte de la paga devengada hasta junio, sino "de toda la paga extra" porque considera que el país "está en una situación crítica en materia de empleo y servicios públicos".
"Queremos darle un toque al Gobierno y plantearle que estamos abiertos al diálogo de manera permanente", ha afirmado.
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