Más de 40 trabajadores del Ayuntamiento hispalense, convocados por los cinco sindicatos con representación en esta institución; CCOO, UGT, CSI-CSIF, el Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) y el Sindicato Profesional de Policía Municipales de España en Sevilla (Sppme), han celebrado este miércoles una protesta a las puertas del Consistorio a cuenta del pleno extraordinario que se celebraba en su interior.
La protesta surge a cuenta de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, está destinada a "evitar duplicidades de competencias" entre las administraciones, "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".
Pero como ha explicado a Europa Press Juan Antonio Medina por parte de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento hispalense, el Gobierno local de Juan Ignacio Zoido, a la hora de sopesar cómo aplicar la nueva regulación, "no la está aplicando directamente sobre sus cargos directivos y electos, pero sí lo hace con determinados servicios municipales que están siendo paralizados", extremo que le ha llevado a mencionar el caso de las tres escuelas taller cuyo inicio ha sido paralizado al impedir la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que el Ayuntamiento sufrague con sus fondos la equiparación del sueldo de los 18 monitores con los salarios del convenio colectivo del propio Consistorio.
En diversos servicios municipales, según Medina, median órdenes para que "no se realice ningún tipo de programación" a la espera de esclarecer la incidencia real y efectiva de la nueva regulación. "Hay mucha incertidumbre", dice Medina.
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20140204/abci-junta-pscl-analizan-desde-201402040822.html
En declaraciones recogidas por Ep, el secretario general del PSCL, Julio Villarrubia, anunció ayer el inicio de las reuniones, a las que asistirán, por parte de su partido, sus tres ponentes durante la tramitación de la Ley de Ordenación en las Cortes -Ana Redondo, Francisco Ramos y Fernando Pablos-; el secretario de Organización del PSCL, Julián Simón de la Torre; el secretario general del Grupo Parlamentario, José Francisco Martín, y el asesor jurídico.
Villarrubia ya se mostró contrario a hace unos días a «condicionar a priori» el acuerdo, puesto que, dijo, «cuando hay verdadera lealtad, los temas se tratan en privado». Sin embargo, recalcó que su partido «no va a estar en ningún acuerdo, ni siquiera parcial, que recorte o límite derechos fundamentales de los ciudadanos» como la educación, la sanidad o los servicios sociales, «especialmente en el mundo rural». «No apoyaremos ninguna reestructuración que reduzca médicos en el medio rural», añadió.
Desde el PSOE se mantiene que ambas reformas no son compatibles, mientras que la Junta argumenta que sí que casan. De hecho, el Grupo Socialista registró ayer en las Cortes su petición para que la Junta recurra la reforma local del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por entender que «no cumple las exigencias mínimas» de los acuerdos aprobados y es «un atropello» a los municipios, entidades locales menores y los servicios públicos municipales.
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