El Gobierno ha incluido la pena de “prisión permanente revisable” en la reforma penal anunciada el viernes pasado, haciendo caso omiso de las advertencias recibidas desde el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y otros órganos. Ya existe una escala penal agravada de hasta 40 años de privación de libertad, introducida por el anterior Gobierno del PP, y es difícil de entender el agravamiento en un país de criminalidad relativamente baja. El empeño de crear algo parecido a la cadena perpetua, aunque revisable al cabo de 25 ó 35 años (según los casos) suena a gesto del Ejecutivo hacia sectores radicalizados, que exigen la perpetuidad o la pena de muerte tras crímenes de gran repercusión en la sociedad.
Mezclados con los aspectos más autoritarios, la reforma incluye otros que responden a necesidades observadas en los últimos años, como la tipificación de las conductas de incitación al odio y a la violencia contra grupos minoritarios, los actos de acecho u hostigamiento a la mujer o forzarla a contraer matrimonio. También es positiva la penalización del robo digital de derechos de autor por parte de quien lo hace con ánimo de lucro, aunque haya quien cuestione las elevadas penas contempladas (de hasta seis años de cárcel). El Código Penal no será suficiente para resolver problemas que requieren una inversión paralela en educación y concienciación de la sociedad. Lo mismo cabe decir del intento de penalizar la difusión de mensajes que inciten a alterar el orden público, cuya aplicación debe estar cuidadosamente encuadrada y limitada.
Mezclados con los aspectos más autoritarios, la reforma incluye otros que responden a necesidades observadas en los últimos años, como la tipificación de las conductas de incitación al odio y a la violencia contra grupos minoritarios, los actos de acecho u hostigamiento a la mujer o forzarla a contraer matrimonio. También es positiva la penalización del robo digital de derechos de autor por parte de quien lo hace con ánimo de lucro, aunque haya quien cuestione las elevadas penas contempladas (de hasta seis años de cárcel). El Código Penal no será suficiente para resolver problemas que requieren una inversión paralela en educación y concienciación de la sociedad. Lo mismo cabe decir del intento de penalizar la difusión de mensajes que inciten a alterar el orden público, cuya aplicación debe estar cuidadosamente encuadrada y limitada.
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