Los responsables del Ministerio de Hacienda han convocado para la tarde de hoy a los sindicatos de la Mesa de la Función Pública para comunicarles previsiblemente una mala, pero esperada noticia:que en 2014 los 2,6 millones de empleados públicos verán nuevamente congelados sus sueldos. A cambio, conocerán lo ya anticipado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el martes: que estos trabajadores sí cobrarán la paga de Navidad de este año y las dos pagas extras del que viene.
De hecho, acuden a la reunión con la maleta llena de agravios contra los trabajadores del sector público. Sobre todo, en materia salarial. Desde mayo de 2010 –cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el primer decretazo de ajustes presupuestarios, que supuso un tijeretazo del 5% al salario de los empleados públicos– hasta el pasado año, los empleados públicos han perdido más de un 20% de su poder adquisitivo. Esta devaluación ha sido mucho mayor que la del sector privado, donde, según los salarios pactados en convenio, los asalariados han perdido un 2,5% de poder adquisitivo desde 2010.
Esta fuerte caída se explica porque después del recorte citado –que no se ha recuperado aún– llegaron las congelaciones salariales de 2011, 2012 y 2013. Y, además, el pasado ejercicio el Gobierno no les abonó la paga de Navidad, que en términos de poder adquisitivo supuso una pérdida del 7%, según cálculos de UGT
Si se traduce esta situación a dinero contante y sonante, se obtiene un fuerte ahorro de gasto público entre 2010 y 2013. Para ello, a los recortes salariales se debe sumar la destrucción de casi 400.000 empleos públicos, en términos netos, desde que se inició la crisis. La mayoría concentrados en el último año.
En la reunión de hoy con Hacienda, los sindicatos esperan lograr alguna mejora en materia de empleo público y de libranzas, ya que en 2013 vieron recortados de seis a tres los días moscosos (asuntos propios). Si bien esperan otros gestos, como algún compromiso del Gobierno para devolver la parte de la paga de Navidad retirada en 2012, que habían generado en julio antes de que entrara en vigor de la medida, y que los tribunales han dicho que el Ejecutivo debe abonar. Esto supondría un desembolso de unos 700 millones. En el caso de que este gesto no se produzca, los sindicatos prevén la presentación de una avalancha de 10.000 conflictos colectivos de personal laboral por este asunto antes de que acabe el año. Y aún quedarían pendientes las demandas individuales de 1,5 millones de funcionarios cuya situación deberá despejarse en los próximos cuatro años, según explica Raúl Olmos, de CC OO. Desde UGT, Carmen Barrera destacó que los sindicatos denunciarán “la política dictatorial” con los empleados públicos, por no haber negociado las medidas presupuestarias para 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario