Ferrer ha señalado que “esta es una situación que ha introducido conflictividad en la negociación colectiva, y a la vez introduce gran conflictividad judicial, por ello hacemos un llamamiento a que el Gobierno se replantee el límite a la ultraactividad y reestablezca el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva. Si alguien tiene una responsabilidad clara y directa en que cerca de 2 millones de trabajadores queden sin cobertura y protección, es el Gobierno”.
“Es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de la conflictividad, la litigiosidad y la pérdida de competitividad y productividad que ha introducido con la reforma laboral” porque es “quien ha generado este problema y quien impuso esta reforma”.
El Secretario de Acción Sindical de UGT ha subrayado que “las organizaciones sindicales van a poner todo su empeño en que se entienda que el día 8 de julio es un punto y seguido. Que estamos ante una situación en que la doctrina tiene opiniones dispares pero tendrán que resolver los tribunales y que las organizaciones sindicales impulsarán conflictos colectivos en todas y en cada una de las empresas que no quieran aplicar las condiciones laborales del convenio que existía en la empresa”.
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El llamado fin de la ultraactividad, previsto para el 7 de julio, supondrá que los convenios colectivos que caduquen se queden sin efecto.
En caso de que un convenio de empresa quede sin efecto, se pasa al sectorial; de no haber uno sectorial, el único paraguas es el estatuto de los trabajadores. Según datos de patronales y sindicatos, aún hay 1.324 convenios de empresa y sectoriales pendientes de firmarse, y que afectan a 1,9 millones de personas.
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