Se trata, bajo el punto de vista de este sindicato, de otra medida de drásticas consecuencias, llegando a haberse calculado que solo en Andalucía puede suponer la pérdida de 40.000 empleos públicos, llevando sin duda a consecuencias que afectan a todos: menos empleo público, es menos servicio público para los ciudadanos. La eliminación de un servicio público supone privatización o externalización, y por tanto, un coste para el usuario.
"Es otro engaño a la sociedad, buscando el apoyo de la opinión pública argumentan que esta ley es necesaria para sanear costes, pero es mentira, no hay que ser muy listo para saber que lo que plantean es más costoso que lo que actualmente existe. Es otra vía de hacerse ricos unos cuantos a costa de privatizar servicios públicos. Ahora, en el mejor de los casos, los ciudadanos tendrán que pagar por vía doble un servicio, como ha pasado con el copago sanitario, Pero en el peor de los casos no tendrán ni opción a recibir ese servicio, como va a ser el caso de servicios sociales", ha manifestado el secretario General de FSP UGT-Andalucía, Antonio Tirado.
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