Pregunta: En lenguaje claro y sencillo ¿En qué afectará al ciudadano el Proyecto de Reforma de la Administración Local aprobado recientemente?Francisco Conejo: Esta reforma pretende privatizar y desmantelar los servicios públicos que prestan actualmente los ayuntamientos, anteponiendo la rentabilidad económica a la rentabilidad social, tutelando e interviniendo la autonomía local y concentrando el poder de los pequeños municipios en las diputaciones.
El Gobierno repite que esta reforma tiene como objetivo: una administración, una competencia. Lo que de verdad consigue es que los ciudadanos y ciudadanas tengan menos servicios, más caros y de peor calidad, porque nuestros gobiernos locales van a salir a concurso público en virtud de criterios económicos que serán fijados con nula sensibilidad social. Con esta ley los ayuntamientos tendrán que eliminar los servicios que prestan ahora en empleo, igualdad, juventud, educación, políticas sociales, nuevas tecnologías, etc.
P: Cree que servirá para ajustar un supuesto gasto desmedido de los ayuntamientos?
El Gobierno quiere culpar a los ayuntamientos de la deuda y el déficit de este país. Voy a darle un dato que evidencia que es totalmente falso que los ayuntamientos sean los que han generado la deuda en España. De la deuda de toda la Administración solo el 4,1 por ciento corresponde a los ayuntamientos. Se castigan a los pequeños municipios cuando la gran parte de la deuda es responsabilidad de los grandes municipios. Sólo el Ayuntamiento de Madrid, debido a la gestión del PP, tiene el 25 por ciento del total de deuda de todos los consistorios de España. Por cierto, los mismos siete mil millones que el Gobierno dice ahorrar con esta reforma local. La reforma plantea intervenir a los pequeños municipios pero permite que el Ayuntamiento de Madrid pueda seguir despilfarrando dinero público.El ahorro que propone esta reforma es eliminar servicios públicos que prestan los ayuntamientos (quita las competencias impropias pero no establece quién y con qué financiación las prestará a partir de ahora) y despedir a más de 250.000 empleados públicos en España, 40.000 en Andalucía
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