UGT y CCOO, condenamos la violencia sexual en los conflictos armados, una grave atrocidad que afecta a millones de personas, principalmente a mujeres y niñas, y denunciamos los integrismos religiosos y culturales que justifican la violencia contra las mujeres, por lo que instamos a las autoridades y organismos responsables a actuar contra todo tipo de violencia, explotación sexual, exclusión y feminización de la pobreza.
Todos los años, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las confederaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, nos enfrentamos a la terrible realidad de mujeres y niñas que sufren la violencia en sus vidas y al trágico balance de mujeres asesinadas, 48 en lo que va de año. CCOO y UGT hacemos un llamamiento a toda la sociedad sobre la insoportable extensión de la violencia; la que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el acoso sexual en el trabajo, la intimidación en la calle, el acoso en internet, la violencia de control en las jóvenes, y en especial las terribles consecuencias que estos ataques acarrean en la salud, la integridad, la dignidad y la vida laboral de las mujeres. Una violencia que no se confina a una cultura, edad, clase social, región o país; las raíces de la violencia contra las mujeres tienen carácter estructural y son producto de la desigual relación de poder entre mujeres y hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Por término medio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. En España, país pionero en la lucha contra la violencia machista, el Gobierno del Partido Popular durante su legislatura, ha recortado un 17% la partida presupuestaria destinada a la prevención de la violencia de género y un 43% la destinada a políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Recursos absolutamente insuficientes para una eficaz aplicación de la Ley Orgánica de medidas de Protección integral contra la violencia de género. Alarma que estos presupuestos hayan desoído las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) del pasado julio de este año, manifestando su preocupación al Gobierno español por el deterioro de los servicios de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia, la persistencia de los estereotipos de género, etc., e instando al Gobierno, a reforzar y ampliar la inversión y la protección social de las mujeres víctimas de violencia, así como específicamente el restablecimiento del suprimido Ministerio de Igualdad en 2010 y el aumento de los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque reforzado de los derechos de género, con el fin de paliar los efectos negativos que las medidas de austeridad tienen para las mujeres. Es difícil conseguir que la violencia reduzca su intensidad cuando las políticas de prevención apenas existen, más allá de las campañas y la realización de estudios que evidencian la persistencia de la violencia -incluso entre los más jóvenes- mientras en el ámbito educativo se elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluía contenidos relacionados con la no violencia, la igualdad, el respeto y la solidaridad. Mientras tanto, en nuestro país, convivimos con el resultado más atroz e inadmisible de la violencia de género: los asesinatos de las mujeres, una cifra anual casi invariable (54 en 2014 y 2013, 52 en 2012) y que en este año, ya asciende a 48 víctimas. Junto con el incremento del número de denuncias por violencia de género, en 2014 se presentaron 126.742, un 1,5% superior al año anterior y los alarmantes datos de la Macroencuesta de violencia 2015: el 12,5% de población femenina ha sufrido alguna vez violencia de género. En el ámbito laboral, UGT y CCOO, denunciamos que el número de contratos realizados a mujeres víctimas de violencia de género es casi insignificante, apenas 725 contratos de los más de 7.300.000 contratos realizados a mujeres en 2014, lo que viene a constatar la escasa repercusión que los acuerdos de contratación suscritos por el Gobierno con las empresas. Por otra parte el número de mujeres que se han acogido a los derechos de reconocidos por la Ley de violencia sigue siendo testimonial. En 2014 sólo 84 trabajadoras suspendieron o extinguieron su contrato de trabajo con derecho a la prestación contributiva.
Por todo ello, CCOO y UGT consideramos prioritario:
• Intensificar la sensibilización contra la discriminación y la violencia de género a través de formación específica para a quienes negocian convenios colectivos y planes de igualdad, tanto en el ámbito sindical como empresarial.
• Introducir en la negociación colectiva garantías de protección laboral para las víctimas de violencia de género, tales como: apoyo psicológico, médico y jurídico especializado, así como facilitar permisos retribuidos que eviten una merma económica en sus recursos.
• Garantizar que las situaciones derivadas de la violencia de género, como ausencias o bajas médicas, no supongan merma económica para las trabajadoras.
• Negociar protocolos de actuación y medidas de protección específicas de los derechos laborales para las trabajadoras víctimas de violencia de género que no hayan denunciado a su agresor.
• Establecer canales de colaboración con las administraciones públicas y los interlocutores sociales que permitan mejorar la difusión de medidas, derechos y servicios dirigidos a las víctimas de violencia de gé nero, que se han puesto en marcha en el marco del desarrollo de la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, mediante campañas de difusión en los medios de comunicación y reforzar la formación e información de las personas que negocian los convenios colectivos.
25 de Noviembre de 2015
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