http://www.fspugt.es/politica-sindical/1990-fspugt-celebra-4-comite-ordinario
La crisis que no cesa: Los Servicios Públicos en el punto de mira del Gobierno hasta el final de la legislatura.
El Comité considera que la recuperación que nos vende el Gobierno está siendo tremendamente injusta y que las grandes cifras macroeconómicas no tienen efectos directos positivos sobre la ciudadanía y los Servicios Públicos.
Situación que queda evidenciada en las 254 normas (75 Decretos Leyes) aprobadas en una sola legislatura. Muchas de ellas destinadas a modificar las garantías normativas que configuraban los Servicios Públicos como un derecho de la ciudadanía. El Gobierno ha exprimido al máximo su mayoría absoluta para cambiar toda la normativa referida a los servicios públicos y régimen jurídico de las Administraciones ahondando, aún más, en su deterioro.
Pero como siempre, el tiempo es el mejor juez y el único que con absoluta imparcialidad determina las responsabilidades de cada uno, y no cabe duda que el actual Gobierno pasará a la historia como aquel que revertió todos los derechos que en materia de servicios públicos tuvo la ciudadanía.
20-D: La necesidad de recuperar el discurso de lo público para reforzar la democracia.
El Comité considera, de cara a las elecciones generales del 20-D, que en el debate político deben tener un mayor protagonismo las siguientes cuestiones: una adecuada inversión productiva y estímulos públicos, una reforma fiscal que aumente los ingresos, la contención y reinversión de los beneficios empresariales, control de precios sobre los productos básicos, etc. Es decir, un cambio de modelo económico y social, pues la calidad democrática depende del nivel y calidad de los Servicios Públicos.
En la grisácea mediocridad de la vida cotidiana en un país donde todavía muchos bostezan mientras los poderosos se reparten los despojos, FSP-UGT defiende que el principio del bien común y el interés general significa que se debe preservar la propiedad común y los recursos comunes de todo tipo, pues benefician a toda la sociedad y tienen que seguir siendo públicos para las generaciones venideras.
Rechazamos la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016, pues sigue erosionando los Servicios Públicos y las condiciones laborales de los empleados públicos.
El Comité rechaza unos presupuestos que, más allá de algún retoque electoralista, proponen un nuevo ajuste a las capacidades productivas del Sector Público y del Estado del Bienestar. De entrada resultan increíbles, pues plantean un escenario económico irrealizable, desautorizados por todas las instituciones (que prevén un necesario ajuste en 2016 de entre 9.000 y 12.000 millones de euros).
Pero además, son inútiles para revertir la crisis, al no recoger ninguna medida que active la actividad productiva y el empleo, reducen la inversión en las políticas sociales básicas, y continúan sin resarcir totalmente las cuentas pendientes del Gobierno con los empleados públiicos. Y antidemocráticos, porque tendrán que ser gestionados por un Ejecutivo distinto al que los ha aprobado.
El gobierno fulmina el EBEP del consenso y aprueba el de la imposición.
Durante la presente legislatura, el Gobierno ha modificado hasta en diez ocasiones el EBEP mediante normas muy diversas. Esta situación ha servido de excusa para que el Gobierno publique el RDLegislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido del EBEP.
Una norma que, al incluir cuestiones no compartidas ni negociadas con los Sindicatos, contribuye a desequilibrar los contenidos originales del EBEP que sirvieron para alcanzar un consenso al respecto. No nos negamos a que la norma se modifique, pero siempre que sea desde la perspectiva de la mejora de las relaciones laborales de los empleados públicos. Circunstancia que no se ha producido, pues las modificaciones introducidas estos últimos años han estado dirigidas a reducir los derechos de los empleados públicos desde una perspectiva totalmente economicista y de culpabilización de la figura de los empleados públicos.
Por ello, FSP-UGT no reconoce el EBEP resultante de las modificaciones unilateralmente impuestas por el Gobierno, pues cambian sustancialmente las reglas de juego por todos acordadas.
Una legislatura donde la imposición sustituye al diálogo, el autoritarismo a la negociación.
Los representantes de los empleados y empleadas de la Administración Pública estamos padeciendo y sufriendo durante la presente legislatura una constante carencia de la necesaria negociación colectiva, atribuyendo a las reuniones de Mesa General de Negociación en las Administraciones Públicas, un carácter meramente testimonial y formal.
El ejemplo más inmediato de lo dicho lo encontramos en el electoralista Real Decreto-ley 10/2015, donde se establece la devolución del 26,23 % de la Paga Extraordinaria del año 2012, que él mismo nos arrebató, con una diferencia maligna y perversa, mientras que los recortes los aprueba con efectos para todos los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas, la devolución solo afecta a la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia, a las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y a los órganos constitucionales del Estado, la devolución es para más o menos el 10% de los empleados públicos, dejando a los empleados de las ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL indefensos frente al déficit presupuestario de cada Administración, sea autonómica o local, obligando a una nueva negociación mesa por mesa en los correspondientes ámbitos.
Por todo ello, este Comité decide reprobar al gobierno actual por su constante ruptura de los principios de buena fe, transparencia y suministro de información que debe presidir la negociación colectiva, por su actitud prepotente y dictatorial frente a los agentes sociales y por su nefasta política de recortes en las administraciones públicas.
Continuar apostando por el Diálogo Social para desbloquear la negociación en los Servicios Públicos.
Desdela FSP-UGT siempre hemos apostado por el diálogo, la concertación y la propuesta. Así venimos demostrándolo desde hace muchos años y, en especial, en esta fase de crisis económica. Hemos mantenido la oferta de diálogo en todas las situaciones, con la confianza de que tenemos propuestas realistas y progresistas para tratar los principales problemas de los Servicios Públicos y las Administraciones Públicas. Unas propuestas que hemos ofrecido en reiteradas ocasiones y que continuaremos impulsando.
Este diálogo debería adquirir un especial protagonismo en las Administraciones Públicas (autonómicas y locales) donde sus gobiernos están recién elegidos. En este sentido, conviene destacar los importantes Acuerdos y Pactos alcanzados en muchos territorios y sectores, en los que FSP-UGT ha sido el principal protagonista, que están sirviendo para que los empleados públicos comiencen a recuperar los derechos que les fueron sustraídos estos últimos años.
Experiencias que el Comité considera deberían generalizarse, en la medida de lo posible, para evitar discriminaciones injustificadas entre los empleados públicos de las distintas Administraciones y sectores. Superando así la cizaña e incertidumbre que el Gobierno está generando irresponsablemente entre ellas, dictando medidas ejecutivas para AGE y posibilistas para el resto de Administraciones, generando desigualdades, inseguridad y malestar.
Fomentar el cumplimiento del III AENC en los Servicios Públicos de gestión privada para frenar la avaricia empresarial.
El Comité recuerda que se trata de un Acuerdo muy valioso, cuyo contenido es plenamente coherente con el cumplimiento de nuestras premisas en materia de negociación colectiva: el impulso del empleo, de calidad y con derechos, el reforzamiento de la negociación, unas relaciones laborales más equilibradas, determinación de un modelo salarial que aumente el poder adquisitivo, fomento de políticas de igualdad, etc.
Acuerdo, cuyos contenidos deberán trasladarse a todos los procesos de negociación de nuestros ámbitos privados, ante los abusos empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos, a costa de los derechos laborales y sociales.
Impulsar la ILP por una renta mínima.
El Comité considera que es de ley rescatar a las personas y combatir la desigualdad. Por ello debemos potenciar la Iniciativa Legislativa Popular, facilitando su firma en todos los centros de trabajo, para establecer una prestación de ingresos mínimos. Configurando la última “malla” de protección sociolaboral para las familias trabajadoras de nuestro país, fomentando así el desarrollo de nuestro Estado Social.
Cambios estructurales
El Comité aprueba por unanimidad el proyecto de sectorialización que deberá ser ratificado en el próximo Comité Confederal a celebrar el 25 y 26 de noviembre. Un proyecto que contribuye a reforzar e integrar la futura Federación de Servicios Públicos, lo que incidirá muy positivamente en la eficacia y presencia sindical.
El Comité resuelve que la acción sindical de base sectorial es la mejor manera de conformar la actuación de UGT como sindicato de clase, dándole conocimiento de la realidad en la que opera, preservando su esencia reivindicativa y negociadora, asegurando siempre la utilidad del sindicato para los trabajadores y trabajadoras. La fortaleza del sindicato en el sector lo hace más fuerte en la sociedad.
Por ello, el desarrollo de un nuevo marco federativo a corto plazo sigue siendo una cuestión central para abordar los objetivos y estrategias de UGT en los próximos años. El fortalecimiento del modelo federativo ha de tener muy en cuenta la estructura económica y productiva en la que debe operar y el modelo de organización sindical que representa la UGT.
El objetivo es crecer y fortalecer, fortalecer para crecer, mirando hacia fuera, ya que el crecimiento afiliativo real nunca provendrá del mero trasvase de afiliación de una organización a otra. SIGUE......
