El art. 10 del nuevo Real Decreto del Gobierno, sin precedentes en el ordenamiento jurídico establece que primero se sancione al trabajador y luego se compruebe si esa sanción está justificada o no.
La propuesta del Gobierno para modificar la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal supone trasladar de facto una competencia de la Administración Pública, como es el alta médica, a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades profesionales dependientes de las empresas. Esta propuesta supone un nuevo recorte en los derechos sociales y dificulta la protección de los trabajadores en las situaciones de incapacidad temporal y su recuperación.
UGT exige la retirada de ambos artículos porque van en contra de los trabajadores, priorizando el ahorro económico sobre la recuperación de la salud del trabajador
UGT ha hecho llegar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social sus alegaciones a este Proyecto de Real Decreto, que presume de conseguir el ahorro de trámites y cargas burocráticas, pero que en realidad persigue establecer más control sobre los trabajadores y los facultativos de los Servicios de Salud, tratando a los primeros como presuntos defraudadores y a los segundos como unos incompetentes.
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