Asociaciones y sindicatos de periodistas mostraron hoy sus reservas sobre los resultados que reportará para el ejercicio de la profesión y el acceso de la información pública la Ley de Transparencia, que entra en vigor este miércoles.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE), Elsa González, declaró a Servimedia que la norma constituye “una herramienta esencial para los periodistas, que modificará la vida pública y enriquecerá la información con mayores garantías de veracidad”, pero “llega con retraso y por debajo de los estándares internacionales”.
Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), su secretario general, Agustín Yanel, señala que “aunque es positivo que España vaya a disponer, por fin, de una Ley de Transparencia, la que ahora entra en vigor se ha quedado demasiado corta respecto a las que existen en otros países de nuestro entorno y, además, no reconoce que el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía es un derecho fundamental”.
Para Yanel, esta ley “establece demasiados límites en el acceso a la información, lo que impedirá que los ciudadanos reciban, aunque lo soliciten por la vía establecida, cualquier información que ‘suponga un perjuicio" para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria o la protección del medio ambiente’, entre otras materias”.
“¿Qué perjuicio puede ocasionar, por ejemplo, que alguien quiera saber cuántas armas vende España a algunos países o determinados datos sobre el medio ambiente?”, se pregunta el responsable de la FeSP.
La federación advierte también que la ley mantiene el llamado "silencio administrativo", de tal manera que si transcurre un mes desde que se solicita una información sin haberla recibido se entenderá que la petición ha sido denegada.
Yanel lamenta que el Gobierno y el PP “no han hecho ni caso” a las sugerencias que les plantearon las principales organizaciones sindicales y profesionales de periodistas, entre ellas la FeSP, para mejorar el proyecto de ley. “Por si eso fuera poco”, añade, “se ha creado un Consejo Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno que, aunque si dice que actuará con plena independencia, está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que nombra a su presidente o presidenta”.
“Se ha perdido la oportunidad de aprobar una ley avanzada y eficaz, como demanda una ciudadanía que está harta de casos de corrupción, y ya deberían ir pensando en modificarla”.
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