MADRID.- "Parece mentira". Esa frase es el mejor resumen del acto que han organizado los sindicatos CCOO y UGT este martes, en el auditorio Marcelino Camacho de Madrid, para protestar contra la criminalización del derecho de huelga y criticar los procesos judiciales y administrativos contra alrededor de 300 sindicalistas que participaron en piquetes durante las huelgas de los últimos años.

"Parece mentira que a día de hoy tengamos que venir a un acto para defender el derecho de huelga". La misma oración ha salido de la boca del secretario general de CCOO en Madrid,Jaime Cedrún; de su homólogo de UGT, Carmelo Ruiz; del líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; del de UGT, Cándido Méndez. Pero también de la de artistas que han participado, como la escritora Almudena Grandes o el cantante Miguel Ríos, que ha querido sacar una sonrisa a los encausados presentes: "Vamos a impedir que vayáis al trullo, y si no tenemos suerte, os vamos a cantar el Rock de la cárcel. Es la hostia que volvamos a repetir ahora todas estas proclamas y antiguallas", ha dicho.

El objetivo de los sindicatos estaba claro: volver a levantar la voz que, entre tanto mitin electoral y tantas llamadas a un pacto de gobernabilidad, había quedado incluso más allá de un segundo plano. Porque esta reivindicación no es nueva, la comenzaron hace dos años, cuando la cantidad de multas y años de cárcel solicitados por la Fiscalía contra los huelguistas ya era demasiado llamativa. En concreto, clama contra el artículo 315.3 del Código Penal, anterior a la Constitución, de cuño franquista para muchos catedráticos del ramo, pero explotado sobre todo por Adolfo Suárez durante la Transición y, recientemente, por Mariano Rajoy para aplicar un delito de coacciones en las huelgas.

Ante dirigentes del PSOE, como Luz Rodríguez o Sara Hernández; de Podemos, como Rafael Mayoral o Ana Marcelo; de IU, como Cayo Lara; y Democràcia i Llibertat, como Carles Campuzano, ambas centrales sindicales han dejado claro que ya no existe el rodillo de la mayoría absoluta del PP y que hay fuerza parlamentaria suficiente para derogar este artículo, pero también la ley mordaza o toda la reforma del Código Penal. Algo que no pudo hacerse el pasado octubre, cuando se llevó al pleno del Congreso esta propuesta de CCOO y UGT.

Los ocho de Airbus', a juicio el 9 de febrero

Precisamente porque sigue en vigor, ocho sindicalistas, conocidos como Los ocho de Airbus, se sentarán ante el juez el próximo nueve de febrero. La acusación es el Ministerio Público, y solicita 66 años de cárcel, ocho años y tres meses para cada uno, más una cuantiosa multa de 51.000 euros "tan sólo por ser sindicalistas y ejercer un derecho constitucional". Eran palabras del portavoz de los acusados, a quienes el auditorio ha recibido en pie, entre aplausos y al grito de "no somos ocho, somos miles".

José Alcázar, responsable del comité de empresa durante la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero, el 29 de septiembre de 2010, ha reproducido los hechos de aquel día una vez más. La pasada semana lo hacía en el Parlamento Europeo. "Europa está pendiente de nosotros, porque si nosotros perdemos, Europa va para atrás", ha resumido. Asegura que, con su caso, la Gobierno busca "un castigo ejemplar", acallar la movilización social. "Sabe la Fiscalía que se ha equivocado con nuestro caso. Hasta tres veces nos ha puesto sobre la mesa un acuerdo para evitar la cárcel, pero no lo hemos firmado porque somos inocentes", ha dicho.

Aquella madrugada tanto a José como a Tomás, a Armando, a Enrique, a Raúl, a Rodolfo, a Edgar y a Jerónimo ─ los otros siete─ como a todos los trabajadores de la empresa, les sorprendió la presencia de dos furgones de la Policía antidisturbios en la puerta de la empresa, en Getafe. "Nos caracterizamos por negociar. Somos un comité de empresa ejemplar negociando y no hemos necesitado una huelga en 20 años", ha dicho el sindicalista. Pero más les sorprendió cuando, sin mediar palabra, cargaron contra ellos disparando incluso varias veces al aire. Nadie fue detenido aquella noche, pero "al día siguiente citaron ante el juez a todos los que pasamos por el botiquín de la empresa", asegura.

Similar es el caso de Rubén Ranz, encausado junto a su compañero José Manuel Nogales. La Fiscalía pide para cada uno tres años y siete meses de prisión para cada uno por los delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y contra el derecho de los trabajadores. "Dicen que le rompí el dedo meñique a un antidisturbios perfectamente equipado, con el palo de plástico de una bandera", ha relatado ante el público.