El Gobierno no ha logrado recortar el gasto del Estado, pese a los fuertes recortes aplicados durante los últimos años. En 2011, justo antes de que el PP desembarcara en La Moncloa, el gasto no financiero estatal ascendía a 150.056 millones de euros frente a los157.190 millones presupuestados para 2016, 7.000 millones más. Y es que el ahorro provocado por los duros ajustes sociales y el recorte de inversión se lo han comido con creces gastos como el pago de intereses de la deuda, las transferencias a la Seguridad Social para pagar las pensiones mínimas y las aportaciones a la UE y al resto de administraciones.
El proyecto de Presupuestos que el Gobierno acaba de presentar para el año 2016 revela el profundo cambio que ha vivido la política económica española en los últimos años. Desde 2011, las inversiones reales del Estado —sin contar las que realizan las empresas públicas y otros organismos de la Administración central— se han reducido casi un 40%, hasta los 3.578 millones, un nivel equivalente al alcanzado a finales de los años noventa. La inversión pública ha sido el principal colchón con el que se han ajustado las cuentas del Estado.
La crisis económica dejó las cuentas públicas como un páramo. El déficit público en 2011 alcanzó el 8,9% del PIB, lo que significa que el conjunto de las Administraciones Pública gastaron ese año 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Desde entonces, el Gobierno del PP comenzó a inyectar grandes dosis de austeridad sobre las cuentas públicas, que afectaron sobre todo a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos. A pesar de los recortes, el gasto no financiero del Estado crecerá en 7.134 millones entre 2011 y 2016.
Entre 2011 y 2016, el Gobierno del PP ha recortado el gasto corriente, alquileres, suministros y reparaciones un 9%. Otras partidas de gasto como los costes de personal, que recoge los salarios de los empleados públicos, se han visto rebajados en los últimos cinco años pese al aumento del 1% aprobado para 2016, una subida con tintes electorales. Atrás queda la congelación de la oferta de empleo público que redujo la plantilla de funcionarios del Estado y rebajó la factura en nóminas.
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