El proyecto de ley de modificación del Código Penal que impulsa el Gobierno vulnera al menos media docena de artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, según ha advertido este jueves Carlos Ríos, miembro del comité internacional que vela por la aplicación de esta norma amparada por la ONU.
El experto, que a petición del CERMI ha elaborado un informe sobre la reforma proyectada por el Ministerio de Justicia, censura aspectos de la norma relacionados con las medidas de seguridad (internamiento, por ejemplo) de personas inimputables (aquellas no responsables de sus actos). El anteproyecto de Código Penal ha sido criticado por el sector de la salud mental por considerar que establece una relación entre enfermedad mental y peligrosidad social. El futuro texto, destacan entidades de familiares y pacientes, contempla ingresos en centros psiquiátricos prorrogables sin límite de tiempo para personas con patología mental o discapacidad intelectual a los que se considere susceptibles de cometer nuevos delitos.
El experto del comité de la ONU ha señalado que la reforma del Código Penal contraviene el artículo 5 de la Convención, porque "fija un régimen penal diferenciado que hace que la ley no sera igual para todos"; y el artículo 8 en tanto que, en lugar de evitar la estigmatización del colectivo, el anteproyecto "vincula el trastorno mental con la comisión de nuevos delitos".
También vulnera los artículos 12 y 13 relativos al derecho de defensa y el acceso a la justicia porque, según Ríos, se aplicarán las condenas "en razón de características subjetivas e hipótesis de peligro", es decir, "dependerán de la característica del individuo y no del hecho delictivo", lo que resulta discriminatorio.
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