Un nuevo Sistema Publico de Servicios Sociales en Andalucía con medidas garantistas a raíz de la Reforma de la Local y Díaz increpa a Rajoy que la reforma fiscal afectara a políticas sociales y Educativas

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Mantiene su compromiso de devolver la paga extra a los funcionarios en 2015 pese a los efectos de la reforma
Díaz asegura que esta reforma fiscal «perjudica» a las comunidades autónomas, explicando que si se ha contemplado que se va a dejar de ingresar en torno a 7.000 millones de euros en los próximos dos años «si el 50 por ciento de ese impuesto del IRPF va directamente a las comunidades y a los ayuntamientos, es evidente que lo vamos dejar de ingresar las comunidades autónomas».


http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1801128/la/junta/ordena/los/servicios/sociales/tras/mas/anos/embrollo.html

A mediados de los años 80 comenzó a implantarse el sistema de servicios sociales comunitarios en Andalucía con la guía de la exitosa implantación de los centros sanitarios y, fruto de esa experiencia, la Junta de Andalucía aprobó en 1988 una ley en la que se recogieron los derechos y prestaciones existentes. La ley resultó práctica e innovadora para una época pero, 25 años más tarde, resulta insuficiente. La entrada en vigor de la ley de dependencia en 2007, por ejemplo, ha dado entrada a nuevos recursos (llamados servicios especializados) y la crisis económica ha puesto en evidencia la confusión sobre a quién compete financiarlos (caso del Ayuntamiento de Jaén, entre otros). Tras varios borradores que no consiguieron ver la luz en anteriores legislaturas y una reciente incertidumbre por la reforma local, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ultima la actualización de esta ley con la intención de aprobarla en un Consejo de Gobierno en el mes de julio. 

Habrá un mapa de servicios sociales, una vieja promesa, que organizará territorialmente las zonas de intervención. Y habrá planes específicos e incluso varias comisiones de coordinación.

Y una novedad importante: la Junta distinguirá entre las prestaciones "garantizadas" y las "condicionadas" que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos económicos. Entre las primeras, que responden a un derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria, se encuentran los servicios de información, valoración, orientación y asesoramientos; los Planes Individuales de Atención (PIA) y su seguimiento; la teleasistencia, la atención en urgencia social, la protección de menores en situación de desamparo, incluida la protección jurídica, también para personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.