No es la primera vez que la Audiencia de Sevilla le dice a la jueza Mercedes Alaya que para imputar debidamente a alguien se deben concretar muy bien los delitos que se le atribuyen y describir con mucha precisión las acciones y conductas concretas de esa persona que serían materia delictiva. La Audiencia ya se lo dijo a Alaya en octubre pasado cuando le tumbó el auto de imputación de la exconsejera Magdalena Álvarez y vuelve a decírselo de nuevo ahora con este nuevo escrito donde tumba la imputación a los exdirectores generales de Presupuesto Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. En ambos casos la cuestión de fondo es la misma: la falta de concreción de los actos supuestamente delictivos de los imputados.
Cuando la Audiencia Provincial anuló la primera imputación de Álvarez y le pidió a Alaya que redactara un nuevo auto más detallado, así lo hizo la jueza tras interrogar a la exconsejera, que a su vez volvió a recurrir este segundo auto judicial. Precisamente a ese recurso tiene que dar ahora respuesta la Audiencia de Sevilla, una respuesta que está al caer. Lo que decida la Audiencia en relación a esa segunda imputación de Álvarez va a ser determinante no solo para la exministra, sino para el resto de la veintena de altos cargos a los que Alaya imputó de una tacada el verano pasado, entre los que figuran Aguilera y Lozano, ahora victoriosos en este primer duelo de recursos con la tenaz instructora.
Los problemas de la jueza Alaya y la explicación de esta interminable instrucción radican justamente ahí, en la dificultad de la titular del juzgado 3 de Sevilla para demostrar que dos presidentes y una veintena de consejeros, viceconsejeros, directores generales e interventores se confabularon en mayor o menor grado para idear, aprobar y mantener durante diez años un sistema de concesión y pago de ayudas públicas que escapara a todo control y fiscalización. Un sistema cuya ilegalidad, además, habría pasado desapercibida al propio Parlamento de Andalucía, a la Cámara de Cuentas y a toda la oposición de izquierdas y de derechas del sistema político andaluz.
No es que la jueza esté imputando por imputar, por supuesto. Es, simplemente, que está convencida íntimamente de algo que no puede demostrar penalmente. Pero esa contumacia tiene un precio, un altísimo precio político y personal que ya han pagado personas como Álvarez, Lozano, Aguilera y tantas otras, que se sienten víctimas de una especie de ciega e implacable máquina de imputar parecida a aquella que imaginó Franz Kafka en la colonia penitenciaria. El mero hecho de ser imputados les obliga a pagar una pena de telediario imposible de borrar, sí, pero lo peor es que puede que al final la pena acabemos pagándola todos: si las imputaciones estaban bien fundadas se dirá, con razón, que la justicia hizo bien su trabajo, pero, como parece, si se hicieron demasiado a la ligera los telediarios dejarán en el público la amarga sensación de que de nuevo los poderosos han logrado burlar a la justicia
